El artículo 56 de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cantabria, dispone que corresponde al Gobierno la elaboración y aplicación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Cantabria y al Parlamento su examen, enmienda, aprobación y control. Asimismo, ordena que el Presupuesto sea único, tenga carácter anual e incluya la totalidad de los gastos e ingresos de la Comunidad Autónoma de Cantabria y de los organismos y entidades dependientes de la misma. Igualmente se consignará en él el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos atribuidos a la Comunidad Autónoma de Cantabria.

En consecuencia, la norma institucional básica de nuestra Comunidad Autónoma ha regulado el contenido necesario que ha de tener la Ley de Presupuestos.

Por otra parte, estos presupuestos han sido elaborados en el marco de la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria (en adelante LFC), y en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que ha venido a desarrollar el mandato contenido en el artículo 135 de la Constitución Española, reformado el 27 de septiembre de 2011, en el que se establecen los principios que deben regir los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Cantabria como la estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional.

La pandemia de COVID-19 ha provocado graves consecuencias no solo en la salud de las personas, sino también en el tejido social y económico. Estas circunstancias han obligado a la Unión Europea y a la Administración General del Estado a la adopción de medidas excepcionales que permitan una salida de la crisis sanitaria, económica y social. Una de las medidas adoptada no es otra que la aprobación de Fondos y Ayudas Europeos, con carácter finalista, que permiten la inyección de crédito en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria, vinculados a la realización de proyectos. Estas medidas se articulan fundamentalmente mediante dos vías: el Instrumento Europeo de Recuperación, también llamado Next Generation y el marco financiero plurianual (MFP) para los ejercicios 2021-2027. A su vez, el Instrumento Europeo de Recuperación se articula en tres pilares: a) el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) destinado a apoyar los esfuerzos de los estados miembros para recuperarse, a reparar los daños y a salir reforzados de la crisis; b) la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU), que se canaliza mediante los fondos FEDER, FSE y FEAD y pretende una recuperación ecológica, digital y resiliente y c) el reforzamiento de proyectos clave de la Unión Europea para extraer las enseñanzas de la crisis, fortalecer el mercado único y acelerar la doble transición digital y ecológica.

 De acuerdo con lo anterior, cada estado miembro debe elaborar un proyecto de país, que en el Estado español se ha llevado a cabo a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia al que se refiere el Real Decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización del a Administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y mediante el que deben canalizarse los fondos europeos. Alguna de las medidas previstas en el citado Real Decreto ley es directamente aplicable en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria, al tener carácter básico, pero otras requieren adaptación a las particularidades propias.

Por lo expuesto, a través de la presente Ley de Presupuestos, se procede a la adaptación y regulación de la gestión económica y presupuestaria de los fondos europeos Next Generation, que permitirá el máximo de proyectos autonómicos pueda beneficiarse de la financiación europea.