El Estatuto de Autonomía para Cantabria establece en su artículo 6 que las comunidades montañesas o cántabras asentadas fuera del ámbito territorial de nuestra Comunidad Autónoma, así como sus asociaciones y centros sociales, tendrán el reconocimiento de su origen cántabro y el derecho a colaborar y compartir la vida social y cultural de Cantabria, remitiendo a la elaboración de una Ley para regular el alcance y contenido de ese reconocimiento.

Como consecuencia de ello se aprobó la Ley 1/1985, de 25 de marzo, de comunidades montañesas o cántabras asentadas fuera de Cantabria, con el propósito de dotar a estas comunidades de un marco jurídico apropiado y de dispensarles una asistencia adecuada a fin de que mantuvieran sus vínculos con Cantabria. Poco después se aprobaría el Decreto 79/1986, de 19 de septiembre, de normas sobre el reconocimiento y registro de las Comunidades Cántabras asentadas fuera del territorio de la Comunidad, en el que se explicitó la forma de inscribir una comunidad cántabra y se indicó, además, la necesidad de articular el Consejo de Comunidades Cántabras.

El paso del tiempo puso de relieve una serie de cuestiones no resueltas en la normativa y así, en el I Encuentro de Casas de Cantabria celebrado en Comillas en 2004, se manifestó la necesidad de modificar algunos aspectos relacionados con el Consejo relativos a la composición, funcionamiento y atribuciones del mismo. Como consecuencia de esas reflexiones se aprobó la Ley de Cantabria 3/2005, de 6 de julio, por la que se modifica la Ley de Cantabria 1/1985, de 25 de marzo, de comunidades montañesas o cántabras asentadas fuera de Cantabria.

La evolución tecnológica y socioeconómica experimentada en los últimos años, ha vuelto a poner de manifiesto una serie de cuestiones y reivindicaciones que fueron tratadas en el V Encuentro de Casas de Cantabria, que tuvo lugar en Santander en 2016. La primera de ellas fue la propia denominación de las comunidades montañesas o cántabras asentadas fuera de Cantabria, que pasaron a denominarse, de manera genérica, Casas de Cantabria, concepto que engloba a las diferentes denominaciones existentes hasta la fecha. Pero también las propias Casas de Cantabria reflexionaron sobre la evolución del soporte personal que las sustenta por el transcurso generacional, la necesidad de adaptarse a las nuevas tecnologías, el deseo de proteger su patrimonio inmobiliario, regular la posibilidad de fusión entre las domiciliadas en un mismo territorio, impulsar las relaciones del Gobierno con los propias Casas de Cantabria, reforzar los lazos con los cántabros y cántabras en el exterior e incorporar nuevos miembros al Consejo de Comunidades Cántabras en representación de los órganos directivos de la Comunidad Autónoma de Cantabria con competencias en materia de industria, comercio, juventud, mujer e igualdad, cultura, sanidad, deporte y turismo.

Recoger y regular todas estas consideraciones obliga, necesariamente, a una revisión normativa. Y dado que lo que se plantea supone una renovación casi absoluta de la Ley de Cantabria 1/1985, de 25 de marzo, por técnica normativa se ha optado por la realización de una nueva Ley que, por un lado, recoja las reivindicaciones de las Casas de Cantabria ya existentes y por otro, mantenga lo positivo que la Ley citada ha puesto de manifiesto en sus años de vigencia.

De esta manera, la presente norma parte de la premisa de incluir en el concepto genérico de "Casas de Cantabria", ya consolidado y de uso común, a las comunidades montañesas o cántabras ya existentes, aunque con distintas denominaciones, es decir,  todas aquellas creadas al amparo del artículo 6 del Estatuto de Autonomía para Cantabria y de las normas que hasta la fecha lo han desarrollado, fortaleciendo su papel como agentes dinamizadores de las relaciones sociales, culturales y económicas de Cantabria con los países y Comunidades Autónomas en donde estén establecidas, además de reconocer la figura de las personas cántabras en el exterior y el cántabro retornado, recogiendo una serie de derechos. Para ello, refuerza sus derechos, las relaciones con el Gobierno y la colaboración y prestaciones a realizar.

Desde un punto de vista organizativo, se regula la fusión de Casas de Cantabria y se incluyen las prescripciones para la inscripción y baja de las mismas así como sus relaciones con el Gobierno de Cantabria, cuestiones que estaban reguladas en el Decreto 79/1986, de 19 de septiembre, y que el paso del tiempo recomienda actualizar. De la misma forma, se incorporan las demandas respecto al funcionamiento y estructura del Consejo de Casas de Cantabria, aunque en este ámbito se mantiene buena parte de la reforma de 2005.

En definitiva, esta Ley pretende establecer los cauces adecuados para hacer efectivos los mandatos establecidos en el Estatuto de Autonomía para Cantabria en favor de las Casas de Cantabria.